Una de cada tres hectáreas que gobiernos de América Latina,
África y Asia conceden a la explotación minera, agrícola-industrial o forestal
se superpone con tierras de comunidades indígenas.
El Proyecto Munden, comisionado por la organización global Derechos y
Recursos, analizó unas 153 millones de hectáreas en concesión en 12 países y
halló que el 31% de esa superficie se encontraba en territorio indígena.Uno de los casos más extremos es Argentina donde un 84% de las concesiones para el cultivo de la soja está en territorio indígena.
En las concesiones mineras de Chile, Colombia y Filipinas el relevamiento encontró que un 30,5% de las zonas explotadas eran de propiedad indígena.
Según Augusta Molnar, directora de Derechos y Recursos, es una situación potencialmente explosiva para todas las partes involucradas.
"Los estados suelen conceder la explotación sin tomar en cuenta que esa tierra pertenece a poblaciones indígenas. Todo esto es un riesgo para los inversores que pueden perder su dinero, para los países que quedan expuestos a litigios e indemnizaciones y para los indígenas que corren el peligro de perder su sustento", le indicó Molnar a BBC Mundo.
El precio de la tierra
Otro riesgo que corren es la paralización de un proyecto. Según una estimación, el costo por la suspensión de actividades en grandes proyectos mineros puede rondar los 20 millones de dólares por semana.
En ocasiones, los gobiernos tienen que pagar los platos rotos haciéndose cargo de las indemnizaciones a compañías multinacionales
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